Colombia
Colombia es una de las economías más grandes de América Latina y cuenta con una larga trayectoria de estabilidad institucional, un régimen abierto de inversión extranjera y una red de acuerdos de comercio e inversión con Europa y América del Norte. Con frecuencia se la elige como base de operaciones en la región andina.
Estamos habilitados para ejercer en Colombia y asesoramos a empresas extranjeras sobre la entrada al mercado, sobre las obligaciones de cumplimiento que se aplican una vez establecidas en el país y sobre la exposición penal corporativa y regulatoria.
Marco jurídico y de inversión
Colombia es una jurisdicción de derecho civil. Los inversionistas extranjeros reciben trato nacional y pueden invertir en la mayoría de los sectores sin autorización previa. Las inversiones se registran ante el banco central, el Banco de la República, a través del mercado cambiario, y ese registro garantiza el derecho a remitir utilidades y repatriar capital. La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) es el vehículo que los inversionistas extranjeros utilizan con mayor frecuencia.
Las obligaciones de cumplimiento son específicas y se hacen cumplir. Las empresas que superan determinados umbrales deben adoptar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT) y, cuando realizan negocios internacionales o contratan con el Estado, un programa de transparencia y ética empresarial (PTEE). Las personas jurídicas pueden ser sancionadas administrativamente por soborno transnacional, y las sociedades deben reportar a sus beneficiarios finales en un registro que lleva la autoridad tributaria.
El arbitraje está bien consolidado. La Ley 1563 de 2012 regula el arbitraje nacional y, por separado, el arbitraje internacional sobre la base de la Ley Modelo de la CNUDMI. Colombia es parte en la Convención de Nueva York y en el Convenio del CIADI, y sus tribunales tienen una práctica asentada de reconocimiento de laudos extranjeros.
El panorama
Un nuevo gobierno asumió en agosto de 2026, y los inversionistas deben prever ajustes en la política tributaria, energética y laboral a medida que se definan sus prioridades. Las finanzas públicas están bajo presión, y la reforma tributaria ha sido un tema recurrente en los últimos años. La política en materia de hidrocarburos, minería y transición energética reviste importancia directa para los inversionistas de esos sectores.
Las autoridades de supervisión son activas. La Superintendencia de Sociedades hace cumplir los requisitos del SAGRILAFT y del PTEE, y la Superintendencia de Industria y Comercio es responsable de la competencia y de la protección de datos. Los casos de corrupción relacionados con la contratación pública han dado lugar tanto a procesos penales contra personas naturales como a procedimientos administrativos contra empresas, incluidas empresas extranjeras.
Las condiciones de seguridad varían considerablemente entre regiones y afectan a los proyectos de infraestructura, energía e industrias extractivas. Colombia ha sido, además, parte demandada en un número creciente de arbitrajes de inversión basados en tratados, lo que hace de la estructuración de una inversión al amparo de un tratado aplicable una consideración relevante desde el inicio.
Este resumen es información general a noviembre de 2026. No constituye asesoría jurídica, y la situación puede haber cambiado desde entonces.