Fernández González & Partners
Jurisdicciones

Venezuela

Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y un amplio mercado interno, y desde hace más de una década es también uno de los lugares jurídicamente más exigentes de la región para hacer negocios. Toda operación con un elemento venezolano debe evaluarse a la luz de las sanciones internacionales antes de discutir sus términos comerciales.

Estamos habilitados para ejercer en Venezuela y asesoramos a empresas extranjeras sobre lo que puede hacerse lícitamente en el país, sobre cómo contratar con seguridad con contrapartes venezolanas y sobre cómo proteger y hacer valer sus derechos.

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Marco jurídico y de inversión

Venezuela es una jurisdicción de derecho civil. La inversión extranjera se rige por una ley especial adoptada en 2017, que exige el registro de la inversión y fija las condiciones para la remisión de dividendos y la repatriación de capital. Los sectores estratégicos están sujetos a sus propias normas; en materia de hidrocarburos, el Estado ha conservado históricamente el control, y la participación privada se ha canalizado a través de empresas mixtas con la empresa petrolera nacional. Esas normas han estado en proceso de reforma y deben verificarse a la fecha de cada proyecto.

Los estrictos controles de cambio que se aplicaron durante muchos años fueron desmontados en gran medida a partir de 2018, y una parte significativa de la economía opera hoy en dólares estadounidenses. Los contratos con el Estado y con entidades estatales están sujetos a normas de derecho público que limitan, entre otras cosas, la elección de la ley y del foro extranjeros.

En materia de solución de controversias, la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 sigue la Ley Modelo de la CNUDMI, y Venezuela es parte en la Convención de Nueva York. Venezuela denunció el Convenio del CIADI en 2012, de modo que las reclamaciones de inversión dependen de los términos del tratado o del contrato aplicable. En los contratos comerciales, una cláusula arbitral con sede fuera de Venezuela sigue siendo el medio habitual para asegurar un foro neutral.

El panorama

Las sanciones son el rasgo determinante del panorama. Los Estados Unidos mantienen desde 2015 un programa sobre Venezuela, que se amplió hasta abarcar al gobierno, a la empresa petrolera nacional y al sector financiero, y que opera mediante licencias generales y específicas que se han endurecido y flexibilizado en varias ocasiones. La Unión Europea aplica desde 2017 un embargo de armas y medidas selectivas contra personas, y el Reino Unido y otros Estados mantienen sus propias listas.

La situación política y el régimen de sanciones cambiaron de manera significativa durante 2026 y siguen evolucionando. Un análisis que era correcto hace unos meses puede haber dejado de serlo, y lo que está permitido a una persona estadounidense puede diferir de lo que está permitido a una empresa europea. Por ello, cada operación debe contrastarse con las medidas vigentes en su propia fecha, incluidas la identidad y la propiedad de la contraparte y los bancos por los que pasará el pago.

Las empresas que regresan al mercado o entran en él también enfrentan problemas heredados: contrapartes con estructuras de propiedad complejas, deudas y laudos impagos de años anteriores, y bancos que siguen siendo cautelosos ante cualquier conexión con Venezuela, incluso cuando la actividad es lícita. Una debida diligencia cuidadosa, las cláusulas de sanciones y una ruta de pago viable son tan importantes como los términos comerciales.

Este resumen es información general a noviembre de 2026. No constituye asesoría jurídica, y la situación puede haber cambiado desde entonces.